Resumen: Contraviene la libre circulación de capitales (art. 65 TFUE) una retención del 15 por 100, establecida en un convenio bilateral para evitar la doble imposición, sobre los dividendos pagados por entidades cotizadas en la bolsa española a no residentes cuando los títulos valores de los que proceden tales dividendos sean instituciones de inversión colectiva por cuanto que si éstas residen en España tales rentas tributarían al 1 por 100.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid en lo relativo al reconocimiento de la situación jurídica individualizada de que la inutilidad permanente del recurrente trae causa de acto de servicio o a consecuencia del mismo como víctima del atentado terrorista habido en Madrid el 11 de marzo de 2004, con los efectos económicos inherentes. Sostiene el Alto Tribunal que para reconocer la pensión extraordinaria derivada de acto terrorista del artículo 49 de la Ley de Clases Pasivas es posible que en el mismo procedimiento de determinación de incapacidad se determine la relación de causalidad con acto terrorista, sin necesidad de acudir a un segundo procedimiento por la vía del RD 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo en razón de la similitud de trámites en ambos procedimientos. Añade el TS que se ha producido una vulneración art. 14 de la Constitución por discriminación respecto a otro compañero del recurrente en una situación en todo idéntica, salvo por la circunstancia de que el Ministerio de Defensa "olvidó" comunicar a la Audiencia Nacional su condición de víctima de terrorismo.
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para el año 2018. Desestimación del recurso. La orden impugnada no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no resultan exigibles los trámites e informes de las disposiciones generales. La petición de informe a lal CNMC es facultativa. Sí se concedió trámite de audiencia. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. Sobre la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad: la opción del legislador se basa en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios. Si la elección de sujetos obligados es conforme a la Directiva, no puede prosperar la alegada infracción de los principios de libre competencia y la prohibición de ayudas de Estado, fundada en la infracción del Derecho europeo. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. No está prevista en la norma la compensación por ahorros energéticos de años anteriores pretendida por la recurrente.
Resumen: Limitación de la deducción de las cuotas de IVA relativas a los vehículos automóviles al grado efectivo de utilización de esos vehículos en la actividad empresarial o profesional del contribuyente. Conformidad con la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de diciembre de 2006, y con la jurisprudencia del TJUE que lo interpreta.
Resumen: Estima el motivo casacional dirigido contra el pronunciamiento de la sentencia recurrida que no procedió a la anulación del acuerdo de resolución por desistimiento del Contrato de Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras de reparación de estructura y reforma integral del edificio sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, anulándolo. No comparte el Alto Tribunal que concurrieran las causas aducidas para la resolución por desistimiento acordada [intereses económicos públicos dignos de protección y hallazgo de restos arqueológicos singulares durante la ejecución del contrato de obra]desde la perspectiva de una interpretación restrictiva de las causas de desistimiento unilateral del contrato, pues la potestad de resolver el contrato por el solo juego de la voluntad de la Administración exige la concurrencia de razones de interés público, que deben además expresarse en el expediente, y que la Sala no aprecia que concurran en este caso. Dicha estimación, y la consiguiente del recurso contencioso administrativo, no posibilita, sin embargo, la estimación completa de la pretensión articulada en relación con el contrato de asistencia técnica y, más en concreto, en relación con la fase de dirección facultativa de la obra de referencia, ya concluida, sino, en aplicación del art. 215.1 y 3 del TRLCAP, a reconocer una ampliación de las indemnizaciones reconocidas.
Resumen: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA PROVIDENCIA DE 12 DE MAYO DE 2020.
Resumen: La Sala se remite a los razonamientos de la sentencia número 1163/2018, de 9 de julio, que resuelve el recurso de casación RCA/6226/2017, fijando como doctrina que los artículos 107.1 y 107.2.a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial o condicionada cuando se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, mientras que el artículo 110.4 TRLHL es objeto de una declaración de inconstitucionalidad y nulidad total e incondicionada. Se casa y anula la sentencia impugnada, en tanto considera erróneamente que los artículos 107.1 y 107.2.a) TRLHL han sido expulsados de modo absoluto e incondicional del ordenamiento jurídico y se acuerda la retroacción de actuaciones, para que el Tribunal a quo dicte una nueva sentencia en la que se pronuncie acerca de los motivos planteados por la apelante, que no recibieron respuesta de su parte.
Resumen: Tasas locales. Principio de legalidad tributaria. Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Barcelona que regula la tasa sobre actuaciones de inspección y control de viviendas declaradas vacías o permanente desocupadas. La Administración local no ostenta competencia, según la ley catalana, interpretada por el Tribunal Superior de Justicia, para el control y vigilancia de las viviendas vacías. No se satisface, además, el principio de legalidad. Precedentes de la Sala en asuntos similares.
Resumen: La sociedad recurrente entiende que la Administración autonómica ya había declarado el cumplimiento de la finalidad de la subvención mediante sendas certificaciones y que no cabía efectuar un segundo control mediante el expediente de reintegro sin proceder a la revisión de oficio. La solución a la controversia requiere aclarar la naturaleza de ese primer control efectuado por la Administración, pues de ello depende que las certificaciones que se emitieron implicasen o no una decisión firme. La Secretaria emitió tres certificados, pero no implicaron un control propiamente tal, sino que son más bien formularios estandardizados para librar los fondos necesarios, que se expiden contra acreditación de gastos atribuidos a la subvención. Dichas justificaciones no supusieron un control pleno de la subvención, pese a la fórmula ritual con que se inician los formularios. En consecuencia, ni era preciso una revisión de oficio de lo certificado en tales formularios ni puede oponerse objeción alguna a la realización de un expediente de reintegro al detectar la Administración subvencionante que no se había justificado la totalidad de los fondos librados o de que determinados gastos pudieran no estar debidamente acreditados o incluir actuaciones no comprendidas en la actividad subvencionada.
Resumen: RECURSO DE REPOSICIÓN c/ providencia de 12-05-20 que acuerda realizar deliberación y fallo en lugar de celebración de vista pública (señalada para 28-04-20).DESESTIMA.
